La industria electrónica de Tierra del Fuego atraviesa en el inicio de 2026 uno de sus ciclos más complejos desde la crisis de 2001. El cierre reciente de plantas y la parálisis de líneas de producción en firmas históricas han encendido las alarmas en el parque industrial de Río Grande. Según datos del sector, entre 2024 y 2025 se perdieron aproximadamente 3.000 puestos de trabajo directos, elevando la tasa de desocupación provincial al 9,6%, una cifra que triplica la media nacional y pone en jaque el motor económico de la isla.

La principal tensión radica en el impacto del Decreto 333/25, que estableció el arancel cero para la importación de dispositivos móviles. Mientras que desde el Gobierno nacional se defiende la medida como un camino hacia tecnología más accesible para los consumidores, en el sur el panorama es de incertidumbre total. Los gremios y cámaras locales advierten que la competencia desigual frente a productos importados no solo afecta a los 7.000 u 8.000 operarios que aún resisten en las fábricas, sino que genera un efecto dominó que retira más de 5.100 millones de pesos mensuales del circulante local, impactando directamente en el comercio y los servicios de las ciudades fueguinas.

El economista Federico Rayes afirmó en su cuenta de X: "Para el último mes de 2025, la merma en los empleos registrados fue de 319 puestos, más aun hubo un incremento del 9,7% en términos mensuales desestacionalizados. En particular, se observó una caída de 252 puestos en la industria electrónica. La electrónica sostiene 7.300 puestos".

Hacia adelante, el horizonte para 2026 se presenta como un desafío de reconversión o supervivencia bajo el régimen de la Ley 19.640.

Con salarios que promedian los 1,7 millones de pesos pero que sufren el estancamiento frente a la inflación, el clima social en el extremo sur permanece expectante ante posibles medidas de alivio o nuevas reformas laborales. La industria electrónica, que representa el 17% del empleo privado registrado en la provincia, busca hoy un equilibrio precario entre la eficiencia productiva y la defensa de un esquema que, más allá de los componentes, ha sido históricamente el pilar del arraigo poblacional en la zona más austral del país.