27 de marzo 2016 Gobierno Tierra del Fuego Volver

A 40 años del golpe cívico militar, la palabra “golpe” sigue más vigente que nunca

A 40 años del golpe cívico militar, la palabra “golpe” sigue más vigente que nunca

A 40 años del golpe cívico militar, la palabra “golpe” sigue más vigente que nunca. ¿Hemos avanzado? Rosana Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego, acusa a los sindicatos de querer derrocarla mediante protestas que exceden a los líderes sindicales y suman descontento de trabajadores y jubilados estatales. Carlos Córdoba, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dice que ellos de ninguna manera buscan interrumpir el mandato de Bertone.

Así, podemos encontrar declaraciones de funcionarios tan disímiles como la diputada nacional del Frente para la Victoria (FpV), Diana Conti, o el concejal del FpV en Ushuaia, Juan Carlos Pino, que sostienen que las constituciones pueden ser cambiadas si no son del gusto del grupo gobernante al que pertenecen, lo cual atenta contra la seguridad jurídica y contra la legitimidad misma de la democracia como estilo de vida, pues torna al texto supremo plausible de ser modificado a gusto y consideración de un sector determinado.
En Tierra del Fuego, la revocatoria de mandatos es un instituto incorporado desde la misma génesis constitucional, en 1991. El derecho de huelga también está incorporado en la Constitución Nacional, además de la Provincial, y existe normativa en el plano internacional que avala no sólo lo avala sino que también otorga la razón a algunos de los cuestionamientos que efectúan los manifestantes en torno a la reforma del sistema previsional. Si existen medidas que colisionan frontalmente con el marco jurídico existente y frente a ello se solicita la revocatoria de mandatos, ¿podemos hablar efectivamente de un intento de derrocamiento? ¿O sólo estamos frente a un gobernante que no sólo se muestra incapaz de dar marcha atrás con medidas injustas y reñidas con las leyes sino que busca escudarse en actitudes que son, por suerte y aprendizaje, parte del pasado que ya no queremos vivir los argentinos? Representa una incógnita que hablaría, en caso de ser cierta la premisa, una señal lamentable para la sana convivencia en un sistema democrático y republicano.
Es una realidad que el Gobierno utiliza la crisis del sistema previsional para justificar el paquete de leyes aprobado entre gallos y medianoche entre el 8 y 9 de enero,  pero no sólo resulta inconsistente dado el masivo rechazo a la nueva normativa, sino que también es paradójico dados los antecedentes de quienes hoy se proponen sanear al antiguo IPAUSS. Juan Carlos Arcando, vicegobernador hoy, ayer fue chofer de Carlos Manfredotti precisamente cuando se otorgaron jubilaciones anticipadas de magistrados que hoy son quienes absorben una gran parte de los haberes de privilegio que cuestiona Rosana Bertone. El hoy ministro de Trabajo, Claudio Carreras, ayer fue funcionario de Manfredotti, tristemente célebre por haber ordenado la represión del Hospital Regional de Río Grande a fines de diciembre de 2001. Esposo de la legisladora Myriam Martínez, esta es acérrima defensora de las reformas del kirchnerismo a la fueguina. Sin embargo, la trayectoria de Carreras incluye otros gobiernos, como el de Jorge Colazo, cuya hija, Laura – concejal de Río Grande- es hoy del sector de Bertone “ a ciegas “. La Legislatura es un caso sumamente interesante. Liliana Martínez Allende, parlamentaria en funciones de segundo mandato, fue directora por los afiliados pasivos durante la gestión de Jorge Colazo. Su esposo, Alejandro Vernet, histórico dirigente de la política fueguina, ocupó una banca entre 1999 y 2003 y luego fue funcionario de Colazo, coincidiendo en grandes líneas con la etapa de profundización de la crisis del sistema previsional. Su compañero de bancada, Pablo Blanco, fue convencional constituyente en 1991 y legislador desde ese año hasta 1999, funcionario del municipio de Río Grande en tiempos del ingeniero Jorge Martín al frente de la Intendencia de aquella ciudad, y desde 2007 nuevamente electo y reelecto legislador por la Unión Cívica Radical (UCR).

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