19 de marzo 2018 Judiciales Volver

Ministros de justicia de todo el país se reunieron en Mar del Plata

Ministros de justicia de todo el país se reunieron en Mar del Plata

El Consejo Federal de Justicia (COFEJUS) se reunió este jueves en la ciudad de Mar del Plata con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, el secretario de Justicia Santiago Otamendi, el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, ministros y representantes provinciales y funcionarios de la cartera nacional.

El COFEJUS “es un ámbito en el que con los ministros de las distintas jurisdicciones de todo el país se acuerdan políticas públicas en materia de justicia, en materia penitenciaria, en materia de derechos humanos, de acceso a justicia. Es algo que viene funcionando muy bien”, resaltó Garavano al encabezar el plenario.
El ministro, asimismo, estimó que “Esto permitió por un lado recomponer una deuda que tenía la Nación con las provincias en materia del patronato de liberados y de presos federales detenidos. Y permitió encarar políticas penitenciarias conjuntas y que el Ministerio tenga Centros de Acceso a Justicia en todo el país”. En esa línea mencionó que “El año pasado más de 300 mil personas fueron atendidas y acompañadas lo cual permitió también coordinar políticas en relación a las víctimas que es una preocupación muy grande”, afirmó.
Durante el plenario se firmaron cartas compromiso para crear la Red Federal de Política Criminal, fortalecer las políticas de transparencia en la gestión y lograr la simplificación de trámites en la administración pública.
En ese sentido, Ferrari destacó la importancia de suscribir estos acuerdos que “logran que en todas las provincias haya previsibilidad y se atienda al ciudadano de la misma manera”. Y valoró: “Que el ministro Garavano nos reúna a todos los ministros y nos comprometamos a implementar las mismas formas de acceso a la justicia, de tratamiento a la víctima, de cuestiones institucionales, es una iniciativa a resaltar”.
El COFEJUS se creó 2008 con la misión de concertar y coordinar las acciones de cooperación entre la Nación, las provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para fijar políticas comunes en materia judicial y penitenciaria.
Tiene por objetivo proponer políticas que contemplen las problemáticas y particularidades regionales, desarrollar anteproyectos de reforma con criterios uniformes para las distintas jurisdicciones, establecer mecanismos de resolución de conflictos ágiles, impulsar la innovación y el adelanto tecnológicos, reglamentar estándares para la comunicación y el intercambio de información judicial, y efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas y acciones propuestas.
Mesas de trabajo
Previo al encuentro, se reunieron las mesas de trabajo de las comisiones de  Asuntos Penitenciarios, Política Criminal, Acceso a la Justicia y  Derecho Privado, que luego expusieron sus conclusiones al Consejo.
En el marco de la Comisión de Acceso a la Justicia, la directora nacional de Mediación y Métodos participativos de Resolución de Conflictos, Raquel Munt, expuso sobre los objetivos, ejes temáticos y avances en la organización del XIV Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz que se desarrollará en septiembre próximo en Buenos Aires, e invitó a las provincias a participar.
El Congreso se propone  generar espacios de reflexión, impulsar iniciativas en el ámbito privado y público, y promover políticas públicas que permitan la prevención, gestión y transformación de situaciones y espacios de conflicto en Argentina y América Latina, favoreciendo la construcción de sociedades más justas, pacificas e inclusivas.
“El Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz es una oportunidad para presentarle al mundo todo el trabajo que Argentina está desarrollando para generar una justicia rápida, eficiente e inclusiva. En esta nueva justicia, los métodos participativos de resolución de conflictos ocupan un lugar preponderante, facilitando el empoderamiento comunitario y la resolución de conflictos desde el compromiso y aporte de todos y cada uno de nosotros”, señaló Munt.
Por su parte, la Comisión de Derecho Privado, presidida por la coordinadora del Programa Nacional de Derecho Privado Agustina Díaz Cordero, trató el anteproyecto de Ley Procesal de Familia, presentó las  “Bases para la Reforma Procesal de Familia”, trabajó el anteproyecto de Ley de Procesos Colectivos y expuso sobre el estado de avance de la Comisión Redactora del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
También se avanzó en las iniciativas del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado en lo referido a arbitraje comercial internacional, el observatorio del Código Civil y Comercial de la Nación, el Programa Nacional de Jueces de Paz y el proyecto de Reforma de la Ley de Concursos.
En la comisión de Política Criminal,  Juan José Benitez, subsecretario del área, puso a consideración de la mesa de trabajo la creación de la Red Federal de Política Criminal y la implementación del Código Procesal Penal Modelo para la armonización legislativa de las provincias.
“Las provincias entendieron que es necesario llevar adelante puntos comunes en la que eln la política Criminal donde sea la víctima y que es preciso un diseño integral de políticas públicas”, señaló  Benítez.
Consejo Federal Penitenciario (COFEPE)
Por la mañana, se reunió el Consejo Federal Penitenciario (COFEPE), encabezado por el jefe de gabinete de la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Esteban Mahiques, quien comenzó el plenario comentando los avances en la cancelación de deuda histórica por alojamiento de internos federales en establecimientos provinciales. Informó que ayer el ministro Garavano firmó la resolución para el pago de 47 millones de pesos, dinero que cancela el total de la deuda al 31 de diciembre de 2017.
Mahiques señaló que durante 2018 se avanzará la aprobación y puesta en funcionamiento del Protocolo de Procedimiento para el pago y la creación de una plataforma digital que agilice trámites de gestión.
En cuanto al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, el subsecretario  señaló que se han adherido 20 provincias y ha entregado 2150 dispositivos desde el inicio de la gestión. Durante 2017 fueron más de 500 los operadores, equipos psicosociales y funcionarios judiciales que han recibido capacitación para la implementación de este programa.
También anunció que a fin de mes se entregará la unidad 9 de Neuquén a la provincia, cumpliendo el plan de re localización que necesitaba la ciudad.
Finalmente, se avanzó en la puesta en funcionamiento de los cinco grupos regionales del COFEPE(NOA-NEA-Cuyo-Centro-Patagonia) definiendo líneas de abordaje y planificación de agenda.
Cartas de compromiso federal
El plenario logró la firma de tres cartas compromiso. La primera propone crear la Red Federal de Política Criminal, que tendrá un representante de cada jurisdicción y será presidida el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez. La red tendrá como objetivo trabajar sobres el rediseño de las estructuras organizacionales de las instituciones del sistema de justicia, orientando el esfuerzo de las provincias y del Estado Nacional para eliminar las prácticas de gestión burocráticas, y dar lugar a sistemas de administración de justicia moderna con procesos basados en audiencias orales, que le dan transparencia y celeridad a la resolución de los conflictos penales. También se propone potenciar el uso de la tecnología en los sistemas de administración de justicia penal, instaurar la gestión digital de los casos en los poderes judiciales y los Ministerios Públicos y utilizar la innovación tecnológica para el desarrollo de la persecución penal inteligente.
En la segunda carta, los firmantes se comprometen a instar las medidas necesarias para fortalecer la integridad y la transparencia en la gestión de los asuntos públicos que aumenten la confianza de la ciudadanía en las instituciones y promover la implementación de esas medidas en el ámbito del Poder Judicial y los Ministerios Públicos.
Y con la tercera carta sobre simplificación normativa, se busca avanzar hacia una Administración Pública constituida por organismos que fomenten la implementen prácticas de buena gobernanza y avancen en mejoras regulatorias tendientes a la simplificación de trámites y formalidades para tener  instituciones competentes, eficientes, abiertas, inclusivas y responsables.

Fuente: COFEJUS

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